La Audiencia de Barcelona condenó ayer al expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo José Luis Núñez Navarro a seis años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental. La misma sentencia impone 13 años de prisión al que fuera máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y penas igualmente severas para otros tres altos funcionarios de ese departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos.
El caso culmina un proceso judicial que ha durado más de una década, iniciado a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, y que en 1999 acabó con las aspiraciones de Josep Borrell. Este dimitió como diputado y candidato socialista a La Moncloa porque siendo secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Josep Maria Huguet, ahora condenado, y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputado en su caso pero pudo eludir el banquillo.
El tribunal también condena por los mismos delitos de cohecho y falsedad a los inspectores Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua, a penas que suman 12, 11 y 9 años de prisión, respectivamente. Del mismo modo, la sentencia impone seis años de cárcel a Salvador Sánchez Gui, el asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro. También ha sido condenado a siete años y medio de prisión Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y que acumula penas diversas en varios procesos del caso KIO. Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas y directivo del FC Barcelona durante la época de Núñez como presidente. Folchi fue también durante años asesor fiscal del financiero Javier de la Rosa, con el que acabó enemistado, precisamente a causa de este proceso, porque durante la instrucción de la causa le implicó en una declaración y De la Rosa acabó imputado en el proceso.
Precisamente De la Rosa y su asesor fiscal, Jorge Oller, son las únicas dos personas, de los 16 acusados, que han sido absueltas. Entre los condenados también figura Eduardo Bueno (dos años de prisión), presidente de la inmobiliaria Ibusa, exdirectivo del FC Barcelona y que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984. Otro condenado es Juan Antonio Sánchez Carretera (dos años y medio de cárcel), el que fuera asesor fiscal personal de Jordi Pujol y anteriormente condenado también en otro caso a dos años de prisión y después indultado parcialmente por el Gobierno del PSOE. El tribunal ha convocado para la mañana de hoy una vista, a petición de los fiscales del caso, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez, en la que solicitarán medidas cautelares para siete de los condenados.
Fuentes judiciales explicaron que una de esas peticiones será el encarcelamiento inmediato de los cuatro inspectores de Hacienda condenados para evitar que huyan. Se trata de una decisión excepcional, pues lo habitual en estos casos es esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra la sentencia, lo que puede tardar dos o tres años en llegar.
Fuentes judiciales explicaron ayer su temor de que el inspector Álvaro Pernas, condenado ahora a 12 años de prisión, haya huido de España pues se encuentra aquejado de un cáncer en estado muy avanzado. El tribunal constata que Pernas ha hecho desaparecer 3,7 millones de su patrimonio personal, después de verse implicado en una pieza separada de este asunto referida a las inspecciones realizadas a la constructora Metro-3 que le acarreó otra condena de nueve años de prisión. La sentencia también le obliga a indemnizar a Hacienda con 583.000 euros por el perjuicio causado a causa de su insolvencia punible.
Las mismas fuentes judiciales explicaron que, en el caso de Núñez y su hijo, la fiscalía podría solicitar su obligación de comparecer con cierta periodicidad en el juzgado para asegurarse que siguen en España.
La sentencia también ordena el comiso de los beneficios obtenidos por los inspectores de Hacienda corruptos, que superan los cinco millones de euros. Igualmente, condena a José María Huguet, Juan José Folchi y Manuel Abella a indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda pública con casi ocho millones de euros por el impuesto de sociedades que quedó sin tributar como consecuencia de las actas realizadas a las empresas del Grupo Torras, que ejerció la acusación particular.
Núñez, padre e hijo, así como a su asesor fiscal y el inspector Abella, son condenados también a abonar a Hacienda otros seis millones de euros por las cuotas derivadas de las inspecciones realizadas a las empresas de su grupo constructor que dejaron de ingresarse.
Fuente oficial: El pais
